Partidos políticos, democracia y gobernabilidad
Los partidos políticos están pasando por su peor época en muchos años. A causa de su desprestigio...
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Andrés Sanfuentes
Los partidos políticos están pasando por su peor época en muchos años. A causa de su desprestigio están perdiendo el poder que les corresponde en un régimen democrático.
En el caso de la Concertación, no sólo se refleja en su desordenada oposición al gobierno y en la incapacidad de formular propuestas coherentes y consensuadas. Las causas son variadas, comenzando por la derrota presidencial después de 20 años en el Poder Ejecutivo, a los cual se agrega la ausencia de nuevos líderes que remplacen a demasiados operadores políticos que abundaron al final de los dos decenios, justificando la crítica que “son los mismos de siempre”. Su característica más nítida es la desunión. Como consecuencia aparece la figura de la ex presidenta Bachelet como factor de integración.
Los partidos de la Alianza no lo hacen mejor. Los afanes hegemónicos de la UDI han terminado por generar desencuentros crecientes con RN, que a su vez hace esfuerzos por acallar sus discrepancias internas, mientras han desaparecido los débiles compañeros de ruta que los acompañaron antes de la campaña presidencial. Por su parte, en un gobierno que partió con un diseño alejado de los liderazgos políticos tradicionales, el presidente Piñera no sólo tuvo que corregir esa estrategia sino ha sido incapaz de liderar a la Alianza, lo cual se ve agravado por el inicio de la próxima campaña presidencial en que los eventuales candidatos han surgido de sus propios ministros.
La ausencia de liderazgo presidencial tiene varias manifestaciones, partiendo por el predominio de la UDI que ha impedido avances en temas que cuentan con la mayoría ciudadana, tales como el reemplazo del sistema binominal, una reforma tributaria más equitativa, la igualdad de derechos, un mayor incremento del salario mínimo y los derechos sindicales son ejemplos de una estrategia que lleva a impedir cambios profundos en la sociedad actual y a preservar el desequilibrio de poderes que se mantiene en el país. El acuerdo DC-RN sobre las reformas políticas ha sido la última muestra de la oposición al cambio. En este cuadro la figura presidencial no aparece ejerciendo el liderazgo entre los partidos políticos que lo apoyan, ni la conducción del país.
Además, el presidente no ha logrado sacudirse de la creencia que representa al empresariado; la ciudadanía percibe el desbalance del poder que existe en Chile, en que aparecen manifestaciones continuas como las recientes situaciones ocurridas en Freirina; Costanera Center y la indefensión de los pequeños empresarios; el “perdonazo” a Johnson; el lucro en algunas universidades privadas; los abusos laborales; o la experiencia de las sociedades anónimas del fútbol. Las últimas reuniones del presidente con el gran empresariado han contribuido a esa visión.
En una sociedad democrática el poder debe estar desconcentrado lo más posible y la democracia representativa, la única posible en el mundo moderno, implica que los diferentes sectores sociales tengan relevancia en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de manera que gobiernen las mayorías y se respeten los derechos de la minorías, para lo cual es indispensable que los partidos políticos sean poderosos, eficaces y canalicen las diferentes aspiraciones de la ciudadanía. Si esto no ocurre se corre el riego de una creciente crisis política, cuyo signos empiezan a percibirse en Chile, y que puede derivar en el caudillismo, con un próximo presidente sin el control de los partidos políticos, o que empiece a “mandar la calle” sin orientación definida ni de una visión de futuro, de lo cual existen crecientes experiencias en Latinoamérica, especialmente en algunos países vecinos.
A pesar que nuestros partidos políticos no están cumpliendo adecuadamente su misión, son irreemplazables y, en vez de denostarlos, deberíamos respaldarlos y presionar por su reforma, porque los sustitutos son peores. Para ello también se debe reformar la legislación que los rige y entregar mayores atribuciones al Congreso Nacional.